Procuraduría indaga presuntos seguimientos ilegales de las Fuerzas Militares

En declaración del Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, estableció que el pasado 5 de abril la Procuraduría General de la Nación adelantó una inspección especial al Comando General de las Fuerzas Militares, en desarrollo de la indagación abierta el 11 de diciembre de 2017, por presunto desvío de recursos de los gastos reservados, seguimientos ilegales, uso de información secreta y otras actividades no ajustadas a la ley.

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En atención a la gravedad de los hallazgos por parte del equipo de investigación, se adoptaron las siguientes determinaciones por la Procuraduría General de la Nación

-Solicitar al Ministro de Defensa suspenda hasta por 30 días la ejecución, disposición, uso o entrega de los recursos de la cuenta de gastos reservados asignados a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta (RIMEC), adscrita a la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia Conjunta del Comando General de las Fuerzas Militares, para que en ese tiempo se adopten medidas de control adicionales, previas y suficientes, que garanticen el manejo de dichos recursos conforme al ordenamiento jurídico vigente. Se le pide al Ministro que informe sobre las medidas adoptadas.

-En aplicación del poder preferente, el despacho del Procurador General asumirá todas las investigaciones disciplinarias que por estos hechos o relacionados se adelanten al interior de las Fuerzas Militares.

-Requerir al Comandante General de las Fuerzas Militares que designe un oficial del más alto nivel que asuma la responsabilidad de preservar todos los medios probatorios que requiera la investigación.

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Se espera que en las próximas horas la Procuraduría adelante una nueva inspección especial en el Comando General de las Fuerzas Militares, el Comando Conjunto de Inteligencia y la Jefatura de Inteligencia y Contrainteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares (J2).

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Por último el Ministerio Público confirmó que como parte de esta indagación, se dispondrá un equipo especial que examine lo relacionado con la presunta adquisición de equipos para la interceptación de comunicaciones, el uso que se le habría dado a los mismos y si se afectó con ello a personalidades de la vida pública nacional.

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