Pareja de adultos mayores lleva 7 meses sin cuidador pese a órdenes judiciales: EPS no responde

La madre, de 76 años, sufre de una discapacidad auditiva, fue víctima de un accidente cerebrovascular y además le fue amputada una pierna, por lo cual se encuentra en silla de ruedas. Hasta el 31 de octubre de 2023, ella contaba con el servicio de una cuidadora a través de la empresa Proyectar Salud, pero el contrato fue suspendido cuando la EPS dejó de pagar cumplidamente por la prestación del servicio.

Desde entonces, no solo le quitaron el cuidador sin previo aviso, sino que nunca más le han asignado uno nuevo, a pesar de que hay una tutela vigente que ampara su derecho fundamental a la salud, a la dignidad y a la atención integral.

El padre, de 79 años, también depende de una silla de ruedas y actualmente enfrenta un diagnóstico de cáncer, por el que recibe quimioterapia. A pesar de tener una tutela favorable a su favor, jamás ha contado con el apoyo de un cuidador profesional.

Según explica el hijo denunciante, ya han sido interpuestos al menos tres desacatos a la tutela, y en uno de ellos la jueza a cargo incluso emitió una orden de arresto domiciliario contra funcionarios de la parte administrativa encargada de autorizar y coordinar los servicios desde la EPS. Sin embargo, ni Proyección LAI —empresa que debería atender a la madre— ni MTD —empresa asignada para el padre— han cumplido con lo estipulado por ley.

“Vinieron a la casa, les hicieron la visita, trabajo social, pasó el médico general, llenaron sus informes… pero hasta ahí llegó todo. Nunca enviaron cuidador. Se lavan las manos diciendo que yo, como hijo único, tengo una red de apoyo insuficiente. ¿Entonces qué quieren? ¿Que deje morir a mis padres?”, expresó con impotencia el joven.

Este drama familiar se ha prolongado por más de siete meses, y lo más alarmante es que se ha naturalizado el incumplimiento de una tutela, a pesar de que la Corte Constitucional ha reiterado que las órdenes de protección de derechos fundamentales son de obligatorio cumplimiento inmediato.

La situación ha afectado profundamente la vida del hijo, quien dejó de trabajar para poder asistir a sus padres en todas sus necesidades: alimentación, higiene, movilidad y acompañamiento en citas médicas. No cuenta con apoyo familiar adicional ni con recursos económicos suficientes para asumir el cuidado de dos personas en situación de discapacidad.

Desde el portal Alerta Tolima hacemos un llamado urgente a la Nueva EPS, a las empresas prestadoras involucradas, a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Defensoría del Pueblo y a los organismos de control para que intervengan de inmediato en este caso.

La vida y dignidad de estas dos personas no puede seguir dependiendo de papeleos, excusas administrativas ni evasiones legales. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de garantizar atención en salud y cuidados dignos a quienes más lo necesitan.

Hoy, esta familia no pide caridad, exige justicia y cumplimiento de un derecho fundamental.

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