
Tensión en Ataco: operativo contra minería ilegal desata enfrentamientos en zona rural del Tolima
Un fuerte enfrentamiento entre la Fuerza Pública y habitantes de la vereda Mesa de Pole, en zona rural del municipio de Ataco, sur del Tolima, se registró en las últimas horas durante un operativo contra la minería ilegal adelantado por el Ejército Nacional, la Policía, la Fiscalía y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima).
De acuerdo con los reportes preliminares, la intervención buscaba desmantelar un complejo minero ilegal de gran escala, donde se realizaban actividades de extracción de oro aluvial sin permisos ambientales ni títulos mineros. En el lugar fueron encontradas retroexcavadoras, motobombas, clasificadoras artesanales y otros equipos utilizados para la explotación de los suelos y cauces hídricos de la zona.
Sin embargo, el procedimiento derivó en momentos de alta tensión entre los uniformados del Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres (UNDEMO) de la Policía y civiles que intentaban impedir la destrucción de la maquinaria. En videos difundidos por la comunidad, se observan nubes de gas lacrimógeno y se escuchan detonaciones disuasivas, mientras varios pobladores corren para resguardarse.
“La situación se salió de control. Estábamos pidiendo diálogo, pero respondieron con gases y disparos al aire”, denunció un habitante que prefirió no revelar su identidad por seguridad.
Según fuentes locales, al menos tres máquinas pesadas fueron incineradas durante la intervención, una práctica habitual en estos operativos cuando no es posible su traslado. Las imágenes de equipos en llamas y ríos contaminados han causado indignación entre los residentes, quienes aseguran que la minería, aunque ilegal, representa el sustento de decenas de familias campesinas.
Autoridades defienden la acción
Desde el comando de la Policía del Tolima se explicó que la operación se desarrolló bajo orden judicial y coordinación nacional, con el objetivo de contener el avance de la minería criminal, que estaría financiando economías ilícitas en el sur del departamento.
“Estas intervenciones son parte de una estrategia integral para proteger el medio ambiente y cortar las fuentes de financiamiento de grupos armados”, indicó una fuente policial.
Por su parte, Cortolima confirmó que la zona afectada presenta graves daños ambientales, con alteración de los cauces naturales, deforestación y presencia de mercurio en el agua. La entidad señaló que el oro extraído de manera ilegal contamina ríos que abastecen acueductos rurales y microcuencas estratégicas, afectando directamente a la población.
Silencio oficial y clima de temor
Pese a la magnitud del hecho, el alcalde de Ataco, Héctor Muñoz, no ha emitido un pronunciamiento público. Fuentes cercanas a la administración local aseguran que el mandatario ha evitado dar declaraciones por motivos de seguridad, dado que la zona vive un ambiente de tensión y amenazas constantes.
“El alcalde teme por su vida. La situación en el sur del Tolima es delicada, hay grupos ilegales que controlan el territorio y cualquier comentario puede generar represalias”, aseguró un funcionario de la Alcaldía.
Mientras tanto, la comunidad de Mesa de Pole permanece en alerta y con temor a nuevas intervenciones. Algunos líderes sociales piden la presencia de organismos de derechos humanos y veedurías civiles para garantizar que los operativos se realicen con transparencia y sin afectar a la población.
Un problema que no cede
La minería ilegal en el sur del Tolima se ha convertido en una de las principales amenazas al orden público y al medio ambiente. Según datos de las autoridades ambientales, en municipios como Ataco, Planadas y Chaparral se han identificado más de 40 puntos de extracción ilícita, muchos de ellos en zonas de difícil acceso y bajo influencia de grupos armados residuales.
Pese a los operativos periódicos, los mineros ilegales regresan a las zonas intervenidas pocas semanas después, lo que ha generado un círculo de conflicto entre el Estado y la comunidad, donde la falta de alternativas económicas agrava la situación.
En las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial de la Policía Nacional o del Ministerio de Defensa, que permita conocer el balance completo del operativo, el número de personas detenidas —si las hubo— y los daños ocasionados durante el procedimiento.
Por ahora, Mesa de Pole sigue bajo tensión, en un episodio más de la larga y compleja disputa por el oro en el sur del Tolima, donde la frontera entre la ilegalidad, la supervivencia y la autoridad se vuelve cada vez más difusa.
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