La Procuraduría General de la Nación se reunió en Ibagué con la comunidad deportiva, líderes de ligas deportivas y representantes de los institutos Departamental para la Recreación y el Deporte del Tolima (Indeportes) y Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), con el fin de promover el ejercicio de control social a los procesos de construcción de los escenarios deportivos.En esta actividad preventiva el IMDRI expuso los avances frente al seguimiento de la ejecución actual de estas obras en la capital tolimense, y el Ministerio Público enfatizó en la importancia de la participación ciudadana en estos procesos, mediante el ejercicio del control social que debe entenderse como un derecho y un deber del ciudadano.
Instó a los participantes a ejercer vigilancia a la gestión pública y a sus resultados, y a evaluar las políticas establecidas por autoridades y particulares que cumplen funciones públicas, de manera individual, a través de sus organizaciones, instituciones o en redes sociales.La Procuraduría Regional del Tolima enfatizó que el control social es una herramienta que busca garantizar los principios de transparencia y eficiencia en los asuntos públicos, prevenir riesgos y hechos de corrupción en el manejo de recursos estatales, además de evidenciar errores y proponer formulas correctivas para contribuir a la garantía y restablecimiento de los derechos, entre otros.
A través del Instructivo 004 del 22 de febrero de 2019, el ente de control hizo un llamado a la Gobernación del Tolima, a las entidades e instituciones municipales y a las veedurías ciudadanas, a dar cumplimiento a las leyes de transparencia; acceso a la información pública, promoción y protección del derecho a la participación democrática, y a la que reglamenta las veedurías ciudadanas.Reiteró que la información generada por las entidades estatales no puede ser reservada ni limitada, y se debe proporcionar y facilitar el acceso a la misma de manera amplia, célere, oportuna y completa, absteniéndose de realizar actuaciones que restrinjan o impidan el ejercicio de los derechos de la ciudadanía.
La Procuraduría recordó que la participación ciudadana debe garantizarse como un derecho fundamental, y la comunidad debe tener acceso directo a la información pública a través de los mecanismos establecidos legalmente, con excepción de aquella reservada o clasificada.