
Alcaldesa de Ibagué respondió a los padres de deportistas molestos tras cobro de parqueadero
Ante el creciente descontento por parte de padres de familia, deportistas y ciudadanos que frecuentan el Parque Deportivo y la Unidad Deportiva de la 42, la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, se pronunció este lunes sobre la implementación del cobro por el uso de parqueaderos en estos escenarios públicos.
La mandataria local aclaró que la medida no fue una decisión unilateral ni improvisada, sino que contó con el respaldo de toda la junta directiva del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué (IMDRI), en la que también participan representantes de las ligas deportivas, clubes y deportistas.
“Esto no es descabellado. La decisión no la tomó solamente el gerente del IMDRI ni fue una idea loca de la alcaldesa. La medida se adoptó luego de varios debates, con el consenso de toda la junta, que incluye a deportistas y representantes de las ligas”, sostuvo Aranda en declaraciones a medios locales.
La funcionaria explicó que el mantenimiento y operación de las instalaciones deportivas de la ciudad tiene un alto costo para la administración municipal. Según cifras oficiales, el mantenimiento anual de estos complejos supera los 13 mil millones de pesos, y parte de estos recursos se destinarán a garantizar servicios esenciales como vigilancia, aseo e infraestructura.
“Hace unas semanas ocurrió el robo de un vehículo dentro de uno de estos espacios. En todos los parqueaderos se requiere seguridad, y esa actividad necesita personal, vigilancia privada, cámaras, entre otros elementos. Nada de eso es gratuito y por eso estamos tomando medidas responsables”, agregó.
No obstante, para mitigar el impacto en las familias que asisten regularmente a estos espacios, especialmente en las que tienen hijos deportistas, la alcaldesa anunció que se implementará una tarifa diferencial. Los deportistas tendrán una reducción del 50% en el valor del parqueadero, como parte de una política de incentivo y respaldo al deporte local.
Por ahora, la medida seguirá en firme mientras se evalúa su impacto económico y social en los próximos meses. La administración también se comprometió a mantener mesas de diálogo abiertas con padres de familia y representantes deportivos para escuchar sus inquietudes y mejorar los procesos de acceso a los complejos deportivos.
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