
El ambiente político en El Espinal se calienta. La concejal Diana Marcela Gómez Cortés entró en la recta final de un proceso de pérdida de investidura que podría costarle su curul en el Concejo Municipal. El Tribunal Administrativo del Tolima, a través de un auto expedido este 25 de agosto, decretó pruebas clave y fijó audiencias que definirán si la cabildante incurrió en violación al régimen de conflicto de intereses.
El caso no es menor: la pérdida de investidura es considerada la “muerte política” para los concejales, diputados y congresistas. Una vez decretada, significa que no podrán volver a ocupar cargos de elección popular, un golpe que trasciende lo personal y afecta directamente las fuerzas políticas locales.
¿Qué pasó? La demanda sostiene que la concejal habría participado en la elección del secretario general del Concejo Municipal el 2 de enero de 2024 pese a tener un supuesto conflicto de intereses. Para los demandantes, su actuación violó normas claras de transparencia y deber de abstención. Ella, por su parte, niega irregularidades y se prepara para defender su curul en el estrado judicial.
El magistrado Luis Eduardo Collazos Olaya, ponente del caso, aceptó como prueba la grabación de la sesión del 2 de enero de 2024, documentos oficiales y, de manera especial, el interrogatorio directo a la concejal Gómez Cortés. Será ella misma quien, en audiencia pública, deba responder sobre su actuación y aclarar si participó de manera indebida en la votación.
La defensa de la concejal también aportó documentos que serán valorados en su momento. Además, el Tribunal ordenó a la Registraduría Municipal del Estado Civil de El Espinal entregar el acta de escrutinio y la certificación de los concejales electos para el periodo 2024–2027.
Las fechas clave
El calendario ya está definido:
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Audiencia de pruebas: martes 2 de septiembre, 10:00 a.m., en modalidad virtual. Allí se practicará el interrogatorio a la concejal.
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Audiencia especial de decisión: jueves 4 de septiembre, 3:00 p.m. Ese día el Tribunal Administrativo del Tolima dará su veredicto y resolverá si se configura o no la pérdida de investidura.
Estas dos jornadas serán seguidas con lupa por la opinión pública local, pues la decisión marcará un precedente en la política de El Espinal.
El impacto político
Lo que está en juego no es solo una curul. Gómez Cortés no es una figura menor: fue elegida con amplio respaldo y ocupa un lugar estratégico en el Concejo. Su eventual salida generaría un reacomodo inmediato en la corporación y abriría espacio para que el siguiente en la lista de su partido reclame la credencial.
Además, la figura de la pérdida de investidura tiene un peso simbólico enorme. No se trata de una sanción administrativa ligera, sino de un castigo ejemplar que envía un mensaje fuerte sobre la transparencia en el ejercicio del poder. Para muchos, el desenlace del caso servirá de campanazo a otros concejales sobre los límites de sus actuaciones.
Expectativa ciudadana
En El Espinal ya se habla del proceso en la calle, en las emisoras locales y en las redes sociales. La ciudadanía sigue con atención lo que puede convertirse en un episodio de gran trascendencia para la política municipal. De confirmarse la pérdida de investidura, se abriría un debate sobre las alianzas, los pactos y las prácticas dentro del Concejo.
Otros consideran que, si el Tribunal exonera a la concejal, también será un precedente: significaría que las acusaciones no tenían sustento sólido y reforzaría su posición política en el municipio.
Lo que viene
Por ahora, el proceso se encuentra en etapa de pruebas. La audiencia del 2 de septiembre será el momento clave para escuchar a la concejal en su propia voz, mientras que el 4 de septiembre podría ser recordado como el día en que El Espinal vivió un remezón político de grandes proporciones… o el día en que una concejal salió fortalecida de un juicio que parecía letal.
Lo cierto es que, con las fechas ya fijadas, los reflectores están puestos sobre el Tribunal Administrativo del Tolima. Su decisión marcará un antes y un después en la política local y recordará que el control ciudadano y judicial es cada vez más riguroso con los representantes de elección popular.
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