Cortolima sobre Codechocó
Cortolima sobre Codechocó
Suministrada
22 Mayo 2025 06:45 PM

Asocars, a la espera de fecha del encuentro con Gobierno nacional para garantías de seguridad de las CAR

Laura Daniela
Reyes Martínez
La presidenta de Asocars, confía en que se desplieguen acciones de protección para que los 33 directores de Corporaciones.

Después de casi tres semanas de silencio por parte del Gobierno nacional, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars) valoró el reciente pronunciamiento emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con el secuestro del director general de Codechocó, Arnold Rincón López, ocurrido hace 19 días en el departamento del Chocó.

El Ministerio, en un comunicado oficial publicado el 15 de mayo, rechazó públicamente el hecho y anunció la activación de una mesa técnica para evaluar los riesgos que enfrentan los funcionarios de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). También se dio a conocer que se han solicitado informes actualizados a todas las CAR del país sobre las condiciones de seguridad de su personal, con el objetivo de estructurar planes más eficaces de protección institucional. gran riqueza natural en permanente amenaza.

Aunque el pronunciamiento llega con un notable retraso, Asocars ha reconocido su importancia. Así lo expresó Olga Lucía Alfonso Iannini, directora de Cortolima y presidenta de la Junta Directiva de Asocars, quien recalcó que, aunque tardía, la posición del Ministerio representa un paso necesario en medio de la incertidumbre que rodea al caso del directivo secuestrado. "Como presidenta de Asocars nos complace el comunicado del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en donde rechazan el secuestro de nuestro director y líder ambiental Arnold Rincón. Un poco tardío, pero más vale tarde que nunca. Esperamos el día, lugar y la hora de la mesa técnica que la Ministra (Lena Yanina Estrada) plantea hacer“, señaló.

Alfonso Iannini también destacó que el comunicado oficial reconoce la activación de una ruta interinstitucional para atender el caso, en coordinación con la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo. No obstante, advirtió que, más allá de los anuncios, lo urgente ahora es que esas rutas y compromisos se traduzcan en acciones efectivas y concretas que permitan avanzar en la liberación del directivo, quien representa un importante liderazgo ambiental en una de las regiones más complejas del país en términos de orden público y conservación ambiental.

El secuestro de Arnold Rincón López ha generado una ola de preocupación en el Sistema Nacional Ambiental (Sina), pues evidencia las condiciones de vulnerabilidad en las que operan muchos funcionarios públicos que, desde las CAR, trabajan en defensa de los recursos naturales en zonas de alto riesgo. El caso ha expuesto las brechas existentes en materia de protección a estos líderes y la necesidad urgente de reforzar las garantías institucionales para que puedan ejercer sus funciones sin poner en riesgo su integridad.

En este sentido, el Ministerio también anunció compromisos interinstitucionales que incluyen la actualización de evaluaciones de riesgo y el fortalecimiento de los planes de protección institucional mediante acompañamiento técnico. Estas medidas, aunque valoradas positivamente por Asocars, deben avanzar con prontitud y no quedarse en el papel.

Desde Asocars se reiteró el llamado a mantener un diálogo directo y constante entre todas las entidades que conforman el Sina, así como con las autoridades de seguridad del Estado. Se espera que en los próximos días se defina una nueva reunión de seguimiento, en la que se evalúe el avance de las medidas anunciadas y se tomen nuevas decisiones para garantizar no solo la liberación de Rincón López, sino también la seguridad de todos los equipos que trabajan en la defensa ambiental del país.

Para Asocars, lo ocurrido con el director de Codechocó no puede convertirse en un hecho aislado sin consecuencias institucionales. Por el contrario, debe marcar un punto de inflexión en la forma en que el Estado protege a quienes defienden los ecosistemas, especialmente en zonas como el Chocó, donde convergen conflictos armados, economías ilegales y una

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Fuente
Alerta Tolima