El pasado 14 de enero se registró una marcha por la paz
Los combates entre las disidencias de las Farc y el ELN han desterrado a más de 100 familias.
Un escalofriante informe entregó la comisión especial interdisciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, sobre la grave situación de orden público que enfrenta el departamento de Arauca, por cuenta de las disputas territoriales de los grupos armados ilegales que operan en la zona.
Según se conoció ante el temor de ser víctimas de masacres o de quedar en la mitad de los enfrentamientos entre el frente décimo de las disidencias de las Farc y el ELN y ante el altísimo riesgo de reclutamiento forzado de menores de edad, más de 100 familias se han desplazado de las zonas rurales de los municipios de Saravena, Fortul, Tame, Arauquita y Fortul, donde se agudizó desde el primero de enero de este año la violencia armada.
Durante los 15 días del 2022 se desbordó la violencia armada dejando 33 muertos y desterrando de sus territorios a 547 personas.
El procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento Olarte, se reunió con varias de las familias desplazadas en Arauca y señaló que sus testimonios demuestran la crueldad de la guerra que se vive allí.
“El Estado debe estar preparado para fortalecer las rutas de atención y garantizar la seguridad y supervivencia de estas familias mientras pueden regresar a sus territorios”, afirmó.
En el monitoreo que adelanta la Procuraduría General de la Nación en esa región se conocieron algunos testimonios de lo que ha ocurrido en Arauca.
“Tuvimos que dejarlo todo y salir corriendo, es mejor perder las gallinitas que ver como se llevan a sus hijos”, aseguró una de las víctimas que prefirió preservar su identidad, pero que además contó que salió durante la madrugada en compañía de sus hijos de 16 y 17 años, tras percibir la presencia de un grupo armado que se acercaba a su vivienda.
Dijo también que ese grupo al margen de la ley está buscando reclutar a todos los menores de edad que se encuentre a su paso, por lo que el temor es generalizado.
Por su parte, el alcalde de Saravena, Wilfredo Gómez. pidió que se refuerce la presencia de las fuerzas militares en la región “estamos requiriendo con urgencia mayor presencia de la fuerza pública para evitar que las amenazas de estos grupos ilegales contra las empresas del municipio se cumplan como ya ocurrió con el acueducto de Saravena”.
Periodistas de la región que han querido contarle al país lo que sucede allí, han sido víctimas de amenazas de muerte, por lo que a través de a Procuraduría General se ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección que, implemente medidas urgentes para garantizar su seguridad y libre desarrollo de su trabajo.
Con banderas de Colombia y blancas, cientos de personas salieron a las calles el pasado viernes 14 de enero para pedir que cese la violencia armada en Arauca y que sus habitantes puedan vivir en paz.
Fuente
Sistema Integrado de Información
