Imputaron cargos a exalcaldesa de Murillo, por apropiarse de más de 1.700 rollos de tela
Por apropiarse, al parecer, de 1.757 rollos de telas y de 180 pares de guantes de tela donados por la DIAN, avaluado todo en $167.640.990, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Martha Cecilia Sánchez León, alcaldesa de Murillo (Tolima) entre 2016 y 2019.
La ex mandataria no aceptó responsabilidad alguna frente a la formulación de cargos por el delito de peculado por apropiación agravada que le hizo un fiscal adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima que la investiga.
Dicha donación fue realizada por la Dian en Bogotá el 27 de julio de 2017, con el fin de que fuera destinada a labores sociales y de apoyo para las comunidades vulnerables del municipio tolimense.
Sin embargo la imputada, según las labores investigativas adelantadas por funcionarios del CTI, se habría apropiado de dicha donación ya que no hay registros de su ingreso al almacén del municipio.
La próxima audiencia será de acusación.
Fiscalía imputó cargos al alcalde de Venadillo por presuntas irregularidades en un contrato para la contención del Covid 19
Por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en concurso con peculado por apropiación y falsedad en documento privado, la Fiscalía General de la Nación, a través de un delegado del Grupo Anticorrupción de la Seccional Tolima, imputó cargos al alcalde del municipio tolimense de Venadillo, Jorge Armando Cabrera Gutierrez, los que no aceptó
En el mismo sentido fueron imputados Deyanira Montenegro Mendieta, secretaria de Desarrollo Agropecuario; Claudia Guzmán Arango, representante legal de la Fundación Conservación Vida y Medio Ambiente y Jonathan Elder Salcedo Méndez, coordinador de proyectos de la misma fundación.
Los hechos motivo de esta diligencia judicial ocurrieron luego de la firma del contrato de prestación de servicios número 058, el 1 de abril de 2020, cuyo objeto contractual era la prestación de servicios logísticos para el cumplimiento de las medidas de orden público de prevención y contención del Covid-19 en el marco de la calamidad pública.
El valor del contrato ascendía a $124.740.812, de los cuales los investigadores del Grupo de Administración Pública del CTI detectaron una apropiación injustificada de $46.113.180.
En la etapa precontractual, según los elementos materiales de pruebas recaudados, simularon contratación mediante invitación pública, pero no enviaron las invitaciones. Lo que presentaron fue una cotización falsa para justificar el valor de la contratación, todo el mismo día.
Se logró constatar, igualmente, que la contratista ya sabía que el contrato le sería adjudicado a través de la fundación que representaba, a sabiendas que la entidad no era idónea para ejecutarlo. Y con escrito de fecha anterior de llevarse a cabo el tramite contractual, delegaría todas las funciones a un tercero, Jonathan Elder, para que lo ejecutara.