Imputado Alcalde de San Antonio y su secretario de Gobierno por presunta corrupción en contratación durante emergencia Covid-19
La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al Alcalde del municipio tolimense de San Antonio, Jorge Iván Vásquez Martínez; y a su secretario de Gobierno, Enrique Polo Álvarez, por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, y falsedad en documento privado.
La imputación igualmente se extendió al contratista, Edward Fernando Hernández Oliveros. Ninguno de los tres aceptó cargos.
Los hechos que motivaron esta diligencia judicial están relacionados con las presuntas irregularidades detectadas por peritos del CTI adscritos a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima, en la etapa de trámite y celebración del contrato de compraventa 096 de 2020, celebrado entre la Alcaldía Municipal de San Antonio y la empresa Fosther Servicios Integrales de Ingeniería SAS.
El objeto contractual, era el suministro de insumos de bioseguridad como tapabocas, gel antibacterial, trajes de bioseguridad, hipoclorito de sodio, guantes entre otros, a fin de mitigar el impacto, propagación y riesgo del Covid-19.
Se pudo establecer a través de certificación del Invima, que los productos como el gel, el hipoclorito de sodio y el jabón de manos líquido eran fraudulentos, ya que no contaban con el registro sanitario, estableciéndose así un posible peculado por $15.421.000.
Cabe anotar que, el bloque anticorrupción conformado por la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, avanza con determinación para garantizar la destinación correcta y legal de los recursos dispuestos para la atención de los colombianos durante la emergencia ocasionada por el Covid–19 a nivel nacional.
La Fiscalía General de la Nación verificó más de 3 mil contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país.