Golpe a red delictiva que sustraía algo más de 2.000 toneladas de carbón mensualmente
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, impactó a una red delincuencial que sería la responsable de extraer y comercializar ilegalmente más de 2.000 toneladas de carbón mensualmente.
En una acción articulada con la Dirección de Carabineros de la Policía Nacional fueron capturados nueve de los presuntos integrantes de esta organización, en 10 diligencias de registro y allanamiento realizadas en Chitagá y Cúcuta (Norte de Santander), y Envigado (Antioquia). Entre los detenidos están los esposos Arturo Peña Diosa y Nubia Rivera Urbina, señalados articuladores de la explotación ilícita, transporte y la venta del carbón.
En el procedimiento realizado en el inmueble de la pareja fueron incautados 750 millones de pesos en efectivo, que corresponderían a dineros producto de la actividad delictiva. Esta organización habría dispuesto, sin ningún permiso ni autorización de las autoridades ambientales, de un complejo minero en la vereda Burgua, en Chitagá (Norte de Santander).
En el lugar se constató que, mediante el uso indiscriminado de explosivos, martillos neumáticos y otros sistemas mecanizados, se ha obtenido de manera indiscriminada y antitécnica miles de toneladas de carbón. Asimismo, hay evidencia de la grave afectación a las fuentes hídricas, como quebradas que abastecen a Chitagá y Tibú (Norte de Santander); así como el deterioro de la vegetación, el suelo y los ecosistemas nativos de la región.
En el curso de la investigación se constató que el mineral extraído, al parecer, era soportado con documentación que contenía información equivocada sobre su origen y uso. De esta manera evadían los controles de las autoridades y lo trasladaban en volquetas a Cúcuta, donde se coordinaba la comercialización a distintas ciudades del país. De igual manera, se estableció que la red, presuntamente, pagaba a la subestructura Efraín Pabón Pabón del ELN para que le permitiera y garantizara la salida del producto.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los capturados los delitos de: concierto para delinquir agravado; explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales; daño en los recursos naturales; y fabricación, tráfico y porte de armas municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.
Todos los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad.