
La operación conjunta
El operativo se llevó a cabo en la vereda Mesa de Pole, jurisdicción de Ataco, y contó con la participación coordinada del Ejército Nacional, la Policía, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). Las unidades llegaron de manera sorpresiva al lugar tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicar el punto exacto donde se desarrollaban las actividades ilícitas.
Durante el procedimiento, los uniformados sorprendieron a seis personas que realizaban extracción de oro aluvial sin los permisos correspondientes. La actividad se llevaba a cabo a pocos metros de la quebrada Polecito, utilizando dos retroexcavadoras y una clasificadora tipo canalón, con las que removían grandes volúmenes de material, afectando un área aproximada de 350 metros cuadrados.
Impacto económico
Según el reporte oficial, esta operación ilegal generaba aproximadamente 6000 gramos de oro cada mes, lo que representaba un valor cercano a 2298 millones de pesos. Parte de estas ganancias ilícitas era destinada al grupo armado residual Frente Ismael Ruiz, convirtiéndose en una fuente clave para su financiación y fortalecimiento.
La maquinaria pesada incautada, valorada comercialmente en más de 1120 millones de pesos, quedó a disposición de las autoridades competentes. Con esta acción se busca afectar la capacidad económica de las redes criminales que se benefician de la minería ilegal en el sur del Tolima.
Daño ambiental y recuperación
El impacto ambiental de esta actividad minera fue calificado por las autoridades y expertos como grave y de largo plazo. La remoción de tierra, la deforestación y la contaminación de fuentes hídricas por el uso de maquinaria y productos químicos generan un daño que, según especialistas, podría tardar entre 25 y 30 años en ser completamente revertido.
La intervención evitó que continuara el deterioro de la quebrada Polecito, un afluente fundamental para el ecosistema de la región y para el abastecimiento de agua de varias comunidades cercanas. Cortolima advirtió que este tipo de actividades ilegales no solo destruyen la cobertura vegetal, sino que alteran el cauce de las fuentes de agua, afectando la fauna y flora local.
Procesos judiciales
Los seis capturados fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, y deberán responder por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros minerales. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de prisión y sanciones económicas.
Las autoridades recordaron que este tipo de operativos se seguirán desarrollando en el departamento del Tolima con el objetivo de frenar la minería ilegal, que además de ser un delito, se ha convertido en una de las principales fuentes de financiación de grupos armados ilegales en la región.
Un llamado a la comunidad
La Policía y el Ejército hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier actividad minera sospechosa o irregular, recordando que la participación de la comunidad es clave para proteger los recursos naturales y prevenir la expansión de estas economías ilícitas. Las denuncias pueden realizarse a través de la línea 123 o directamente en las estaciones y patrullas más cercanas.
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