
Van 11 ataques con artefactos explosivos en lo corrido del 2025 en el Huila
A lo largo del año, en el Huila se han registrado once ataques con artefactos explosivos. Los municipios más afectados por estas acciones violentas han sido La Plata, Neiva y Gigante, donde se han presentado daños materiales en establecimientos comerciales y cooperativas.
Los explosivos han sido utilizados como intimidación por el no pago de extorsiones. Las autoridades no descartan que los artefactos hayan sido utilizados como herramienta de presión e intimidación, principalmente por disidencias de las Farc. En varios de los casos investigados están dirigidos contra comerciantes, empresarios y propietarios de cooperativas o negocios locales.
Juan Carlos Casallas, secretario de Gobierno departamental, indicó que, “en lo que va recorrido del año registramos ya 11 artefactos explosivos, entre los que han detonado como los que han sido controlados. Sin duda, la oportuna reacción de la fuerza pública y las capturas en contra de los responsables, ha significado una reducción importante, sin embargo los últimos hechos generan una preocupación importante”.
En Neiva, la capital del departamento, se han presentado varios incidentes similares, especialmente en sectores comerciales del oriente y sur de la ciudad. Allí, los explosivos han sido detonados frente a establecimientos nocturnos y locales de comercio, como una manera al parecer de presionar a sus propietarios para que cedan a las exigencias económicas de grupos delictivos.
“Los hechos se han registrado tres en Neiva, tres en gigante, uno en La Argentina, uno en Isnos, dos en La Plata, y uno en Campoalegre, el cual afortunadamente no detonó”, agregó el secretario.
La utilización de artefactos explosivos, no solo afecta directamente la economía local, sino que también genera desplazamientos silenciosos, cierre de negocios y pérdida de confianza en la institucionalidad.
“Hemos visto una remetida muy importante del frente Hernando Gonzales Acosta, el más grave el hecho que ocurrió en La Plata, y por supuesto el intento por la cantidad de explosivo en La Argentina, son actos que rechazamos, solicitamos la intervención del comisionado de paz y demás organizaciones internacionales para coordinar una acción conjunta de rechazo”, puntualizó Casallas.
Las investigaciones adelantadas por la Policía Nacional y el CTI de la Fiscalía han permitido establecer que detrás de varios de estos atentados se encuentran estructuras residuales de grupos armados que buscan financiar sus actividades mediante el cobro de extorsiones.
Estos grupos, que se mueven entre departamentos vecinos como Caquetá, Tolima y Cauca, utilizan el Huila como corredor estratégico y punto de presión económica.
“El año inmediatamente anterior se cancelaron $80’000.000 de recompensa y están en trámite alrededor de $200’000.000 adicionales en una documentación que en la semana anterior se recopiló y alguna de ellas está relacionada con los atentados terroristas realizados el año anterior. Fueron 44 los atentados registrado en todo el 2024, de los cuales 24 ocurrieron en Neiva”, indicó el secretario.
El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt, ha señalado que se están adelantando labores de inteligencia y recolección de testimonios para dar con los responsables de estos ataques. Asimismo, afirmó que se está fortaleciendo la articulación con las autoridades judiciales y militares para evitar que estos hechos sigan ocurriendo.
Por su parte, organismos de derechos humanos y asociaciones de víctimas han expresado su preocupación por el impacto que esta violencia está teniendo sobre las comunidades rurales y urbanas. Muchos habitantes temen denunciar, lo que dificulta las acciones de las autoridades.
“Estas acciones terroristas terminan afectando de manera muy grave a la población civil en el Huila. La fuerza pública tiene que asumir la responsabilidad de intensificar las acciones para poder brindar seguridad a los huilenses en la zona rural y urbana”, finalizó el secretario.
Mientras tanto, la ciudadanía continúa exigiendo resultados y mayor presencia del Estado en los territorios más vulnerables. La situación es un llamado urgente a revisar las estrategias de seguridad, garantizar la protección de la población civil y desmantelar las estructuras que amenazan la paz y el desarrollo de esta región del país.
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