Orlando Ramírez, pescador del Huila, adelanta una protesta pacífica desde hace 8 años. Todo inició cuando su trabajo y el de sus compañeros de oficio se vio afectado por la construcción y puesta en operación del proyecto El Quimbo.
Por lo que viajó hasta Gigante para ser escuchado por las autoridades, pero al no obtener respuestas decidió ir hasta Bogotá, a donde llegó luego de seis años de tocar varias puertas y ser ignorado.
"Yo pase de ser un hombre autosuficiente que le estaba ofreciendo educación universitaria a mis hijos, a estar en la pobreza extrema, incluso he tenido que pasar la noche en albergues o en su defecto en la calle", aseguró el trabajador artesanal.
Hoy su protesta está en Bogotá, llegó a la Plaza de Bolívar y ante la indiferencia y poco avance decidió ubicarse en frente de las oficinas de Enel S.A en la Calle 93, empresa que lideró el proyecto del Quimbo con una pancarta que dice: "Pescando Justicia".
Ramirez, ha ratificado ante diferentes instancias que es un afectado directo de este proyecto y entre sus peticiones está: vivir en el área de influencia directa local o puntual del proyecto hidroeléctrico, ejercer una actividad económica impactada por la construcción de la obra.
“Si fuera correcto decir el 200% de pruebas yo las tengo, yo soy habitante del área de influencia directa donde fue construido ese proyecto, era pescador artesanal en el sector de Puerto Seco, actividad que realizaba antes del 2008, yo tengo la certificación. Sin embargo, Enel insiste en asegurar que yo no soy acreedor a ningún reparo", precisó Ramirez.
En el año 2010, la empresa le negó a Orlando la inclusión en el Programa de Restablecimiento de Condiciones de Vida, argumentando que solo compensan las actividades económicas que se desarrollan en los predios a inundar por el proyecto.
Tiempo después del inicio de las obras, los perjuicios se hicieron notorios y miles de afectados al igual que Orlando exigían una respuesta por parte Enel-Emgesa.
El argumento cambió, ahora la respuesta de la compañía era que el censo estaba cerrado y que era inmodificable.
En el año 2013, la Corte Constitucional mediante sentencia T-135 de 2013 estableció que Emgesa había incumplido con las obligaciones previstas en la licencia y que debía volver a realizar un censo de afectados.
Orlando se presentó al censo con múltiples pruebas que acreditaban los requisitos mencionados anteriormente. Sin embargo, Emgesa no les dio valor y le negó sus derechos.
"A lo largo de estos 8 años he intentado tener un acceso real a la justicia pero los jueces no valoran mis pruebas y respaldan los intereses de la compañía", añadió el hombre que durante 20 años fue pescador.
Algunas de las decisiones judiciales manifiestan que no pueden evaluar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional porque es un asunto exclusivo de la compañía en el que no pueden intervenir.