
Neiva avanza en legalización de asentamientos para garantizar viviendas dignas
Neiva continúa dando pasos firmes para la formalización de asentamientos humanos, con los que se pretende brindar seguridad jurídica, mejorar las condiciones de vida y cerrar brechas de desigualdad social que han afectado históricamente a cientos de familias.
Dentro del plan de gobierno del actual cuatrienio, se ha proyectado la legalización de siete sectores, donde para el año 2025 se priorizaron cuatro de ellos, los cuales son El Pinal, Granjas Comunitarias, San Bernardo y Villa Marinela.
Estos sectores, ubicados en zonas vulnerables de Neiva, se encuentran actualmente en la fase de estudios topográficos, un paso fundamental en el proceso de legalización, la cual permitirá definir con claridad los límites de cada asentamiento, verificar el uso del suelo y proyectar, de manera ordenada, la implementación de obras públicas como redes de servicios básicos, vías, parques y equipamientos sociales.
Marwin Victoria, secretario de Vivienda y Hábitat de Neiva, explicó que “la legalización es más que entregar un título de propiedad; es garantizar acceso a servicios públicos, infraestructura, seguridad jurídica y oportunidades para que las familias progresen con dignidad”.
No todos los asentamientos pueden ser legalizados. Existen requisitos estrictos establecidos por la normativa urbana para que un sector pueda avanzar en este proceso, los cuales buscan garantizar que la legalización no represente un riesgo para la vida de los residentes, y que las inversiones públicas que se realicen en estos sectores sean sostenibles y beneficiosas a largo plazo.
“Entre las condiciones más importantes se encuentra que el asentamiento no esté ubicado en una zona de riesgo, como laderas inestables, cercanías a ríos o áreas propensas a inundaciones; además, debe tener una antigüedad superior a los diez años, una densidad poblacional adecuada y no interferir con planes de desarrollo o ejecución de obras públicas contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT)”, agregó el secretario.
La legalización de asentamientos también abre la puerta a procesos de titulación de predios, acceso a subsidios de mejoramiento de vivienda y ejecución de proyectos de urbanismo básico. Esto representa un cambio profundo para comunidades que, durante décadas, han vivido sin acceso formal a servicios como agua potable, alcantarillado o energía eléctrica.
“No podemos legalizar en zonas donde peligra la integridad de las familias. Por eso, el componente técnico es clave en esta fase. Cada decisión está sustentada en estudios y criterios de seguridad”, añadió Marwin Victoria.
La administración municipal ha manifestado que esta apuesta por la formalización es una prioridad, no solo por su impacto social, sino porque contribuye a una ciudad más organizada, inclusiva y con mejores condiciones de vida para todos sus habitantes, en la que se promueve la cultura de legalidad y se evita la expansión descontrolada de la ciudad hacia zonas que no son aptas para la urbanización.
La meta al cierre del cuatrienio es lograr la formalización de siete asentamientos, y con ello, transformar realidades que por años estuvieron marcadas por la exclusión y la informalidad.
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