Denuncian intimidaciones y citaciones de disidencias de las Farc a comerciantes y funcionarios en Baraya, Huila
La preocupación y el temor se han apoderado de habitantes, comerciantes y funcionarios públicos del municipio de Baraya, en el norte del Huila, tras las denuncias sobre presuntas citaciones e intimidaciones atribuidas a disidencias de las Farc que operan en la región.
Según lo manifestado por líderes comunitarios y gremios locales, estas acciones estarían siendo realizadas por integrantes del Bloque Jorge Suárez Briceño, generando un ambiente de zozobra que afecta de manera directa la vida cotidiana y el ejercicio de las funciones públicas.
De acuerdo con las denuncias conocidas, comerciantes y funcionarios de la administración municipal estarían siendo contactados de manera directa para asistir obligatoriamente a reuniones en zonas rurales del municipio.
La situación no solo impacta al sector comercial, sino también al funcionamiento institucional del municipio. Algunos funcionarios han manifestado su preocupación por posibles represalias, lo que podría afectar la prestación de servicios públicos y el normal desarrollo de las actividades administrativas.
Y es que en un municipio históricamente golpeado por el conflicto armado, estos hechos reavivan recuerdos dolorosos y refuerzan el temor de un posible recrudecimiento de la violencia en la zona.
Frente a este panorama, el personero municipal de Baraya, Christian Andrade Soriano, indicó que “la personería rechaza de manera contundente todo acto de violencia y cualquier amenaza extorsiva, como llamadas telefónicas extorsivas, amenazas o citaciones a la población de cualquier índole que pongan en peligro la vida, la integridad y la tranquilidad de los habitantes del municipio”.
Andrade Soriano advirtió que este tipo de presiones constituyen una grave violación a los derechos humanos y representan una amenaza directa al orden democrático y a la institucionalidad local.
“Advertimos que dichas conductas vulneran gravemente derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de Colombia, entre los que se encuentran el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la seguridad y a la convivencia pacífica, pilares esenciales del Estado Social de Derecho”, agregó el personero.
Asimismo, se pidió fortalecer los canales de denuncia para que las víctimas puedan informar lo ocurrido sin exponerse a mayores riesgos, así como activar rutas de atención y protección para quienes ya han sido afectados.
Por su parte, las autoridades departamentales evalúan la adopción de medidas urgentes de seguridad en coordinación con la Policía y el Ejército Nacional. Entre las acciones que se analizan se encuentran el aumento de los patrullajes en el casco urbano y en las zonas rurales, la verificación de la información suministrada por la comunidad y la articulación con entidades de control para dar una respuesta integral a la situación.
La situación en Baraya pone nuevamente sobre la mesa la necesidad de una respuesta contundente del Estado frente a las acciones de los grupos armados ilegales, para salvaguardar a la población civil y preservar la tranquilidad en el territorio.