Columnista Invitado: Iván Ramírez Suarez / Foto: El Nuevo Día
Por: Iván Ramírez Suárez / @jiramirezsuarez
El próximo sábado se cumple un año más (16) del vil asesinato del abogado y veedor ciudadano Félix Eduardo Martínez Ramírez. Ese 19 de enero de 2003, en horas de la noche, cuando se disponía a descender de un taxi para ingresar a su residencia ubicada en el condominio El Prado, sector Los Parrales de Ibagué, fue baleado por dos sicarios que movilizados en una motocicleta le dispararon con una pistola nueve milímetros.
Los sicarios hacían parte de una organización criminal responsable de numerosos homicidios en Ibagué y el Tolima, dirigida por Pedro Damián Cedano, conocido con el alias de ‘Pedro Pichas’ y quien fue asesinado días después del homicidio de Félix Eduardo.
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Como vicepresidente de la Red de Veedurías Revisar, Félix Martínez había solicitado protección mediante carta dirigida al Ministerio del Interior, por considerar que su vida corría peligro ya que estaba siendo amenazado a raíz de las denuncias que por actos de corrupción venían realizando contra el Alcalde de Ibagué Jorge Tulio Rodríguez y su familia.
Amenazas, que también fueron denunciadas y puestas en conocimiento por Irania Hernández, presidenta de Revisar, en el Consejo Comunitario Realizado en Ibagué el día anterior al crimen por el Presidente de la época, Álvaro Uribe. Ni Uribe, ni su ministro, hicieron algo para protegerlo. Negligencia advertida por el Consejo de Estado y suficiente para condenar a la Nación a resarcir los daños y perjuicios causados a su esposa y familiares con el crimen (radicado 33912 – 26 de nov. 2014).
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El proceso penal por el homicidio fue asumido por la fiscal 21 Seccional de Ibagué, Zeidy Janeth Izquierdo, actual Directora de Fiscalías del Tolima. A este, fueron vinculados como presuntos responsables los señores Jorge Tulio Rodríguez y su padre, Mario Rodríguez Padilla, entre otros.
Padre e hijo fueron defendidos por los abogados Jaime Lombana, Orlando Arciniegas Lagos y Carlos Edward Osorio. Por considerar que no había imparcialidad en la investigación y ésta parecía desviarse, las víctimas solicitaron el cambio de radicación del proceso, a lo que se accedió por parte de la Fiscalía General, siendo trasladado a Bogotá.
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Ante el fiscal 23 de la Unidad de Vida de Bogotá, Juan Pablo Pachón Cely, declaró el testigo Nelson Herney Castañeda, quien narró detalles del crimen y dio nombres de sus autores materiales e intelectuales.
El fiscal encontró creíble y soportada su versión y profirió orden de captura contra los presuntos sicarios y Mario Rodríguez Padilla. Meses después, la medida fue revocada por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y el fiscal Pachón Cely fue retirado del conocimiento de la investigación.
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El proceso fue reasignado a una de las fiscales peor calificadas de Bogotá (fiscal 11), quien ordenó la preclusión del proceso. El fiscal Pachón Cely fue desvinculado de la institución por el Fiscal General ,Mario Iguarán, sin justificarse las razones de su retiro.
Tres testigos declarantes fueron asesinados, incluido Nelson Herney Castañeda (30 de junio de 2006).
Este artículo obedece a la opinión del columnista / Reproducción autorizada por el autor
