Senador Miguel Angel Barreto
Por: Senador Miguel Angel Barreto
Ninguna actividad industrial, comercial o de servicios puede estar por encima de la Constitución y las leyes de un país, especialmente y para nuestro caso del Código Sustantivo del Trabajo. Esta lógica debe aplicar de igual manera para las plataformas tecnológicas o digitales y sus alcances en términos de generación de empleo, competitividad y productividad.
También, desestimar y dejar en manos de la informalidad los avances prácticos de los nuevos recursos digitales, que cada vez tienen mayor auge y fuerza sobre nuestra sociedad de consumo, resulta poco práctico y miope. La persecución de estas herramientas no es la salida para una Nación que tiene rezagos en ocupación laboral y modernización tecnológica.
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Lo acontecido en el país esta semana por cuenta de las protestas de los transportadores en Bogotá en contra de Uber y Cabify, entre otros, y las manifestaciones de las personas que trabajan con Rappi, nos debe conducir a abrir el debate sobre la urgencia de regular este tipo de aplicaciones y las condiciones laborales y de intermediación de quienes hoy derivan su sustento de estos nichos del comercio digital.
No obstante, en la otra orilla hay unos sectores tradicionales que pagan impuestos y ofrecen ciertas garantías laborales. Un taxi, por ejemplo, en Colombia está concebido como una pequeña unidad de negocio con la cual sobrevive su conductor, por cuya actividad puede cancelar su salud y la de su familia, al tiempo que da ganancias al propietario del vehículo.
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Un doble turno de un ‘amarillo’, genera dos puestos de trabajo que beneficia a igual número de familias y al dueño le quedan ganancias apenas superiores a los dos millones de pesos mensuales. Igualmente, con el producido se deben sortear los altos precios de los combustibles, el cambio de aceite, los repuestos, el mantenimiento, el Soat, la revisión técnico-mecánica, los impuestos, la famosa planilla, la afiliación a la empresa y los imprevistos como un accidente o un robo. Entonces no es de extrañar que los taxistas vean como su natural amenaza estos servicios especiales, que se quedan, dicen, con parte de sus ganancias.
Sin embargo, la demanda del transporte sigue siendo dinámica y creciente. Actualmente, si bien los taxistas se ven amenazados por plataformas como Uber o Cabify, estas multinacionales enfrentan igualmente la proliferación de cadenas de WhatsApp, que han desarrollado novedosas aplicaciones para los teléfonos digitales, que prestan servicios de pasajeros, y cobran un porcentaje mucho menor por el servicio de la plataforma a sus ‘afiliados’.
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Esta cadena no tiene cuando acabar, pues por cada vehículo o conductor sancionado, siempre habrá otro que tomará el riesgo para continuar en este negocio y obtener ganancias adicionales para su sobrevivencia. Ahora bien, ningún mercado legal o ilegal, se dinamiza si no existe una creciente demanda. Hay que aceptarlo, la gente del común solicita este tipo de plataformas porque se sienten cómodos, obtienen un mejor precio y viajan en buenos vehículos.
En este escenario, es hora que el Gobierno tome cartas en el asunto con base en la realidad. Las plataformas tecnológicas no se van a acabar o desaparecer, todo lo contrario, su influencia será cada vez mayor en actividades como por ejemplo el turismo, la hotelería, el transporte aéreo, los comercios integrados o electrónicos y los servicios, y esto no debe quedar supeditado perpetuamente al concepto de ilegalidad.
El Estado está en la obligación de crear las reglas de juego para garantizar que las actividades tradicionales, tipo taxi, se modernicen y garanticen su porcentaje del mercado; así mismo, para que las plataformas sean en su momento formalizadas, que su explotación económica contribuya al fisco, que se asuman las responsabilidades con la seguridad social de sus colaboradores y que sus actividades resulten equitativas frente a las exigencias legales y tributarias que deben cumplir quienes han ejercido las actividades económicas de manera tradicional.
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El reto es complejo y requerirá tolerancia y bajar el tono de los enfrentamientos entre legales e informales, así como propuestas audaces y que se cuente con expertos y la participación de las entidades regulatorias en la materia como los Ministerios de Industria y Comercio, Transporte, TIC y las respectivas superintendencias.
Las nuevas tecnologías no pueden seguir al garete, cuando son cada vez más influyentes en todas las actividades de nuestras vidas, mueven cada vez más ceros a la derecha y de las cuales las nuevas generaciones son cada vez más dependientes.
Este artículo obedece a la opinión del columnista / Reproducción autorizada por el autor
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