La Procuraduría General de la Nación inició visitas a los centros de reclusión nacional para verificar que las actividades del “Plan Reglamento” que se realiza en varias cárceles del país, como protesta ante el Gobierno Nacional por parte de los sindicatos del INPEC, no violen los derechos humanos de los internos y detenidos y, de esta manera, confirmar cómo está la situación de las URI y penitenciarías.
La acción preventiva de acompañamiento se realiza teniendo en cuenta que hasta la fecha, desde que inició la protesta, en 24 de los 135 establecimientos de reclusión del orden nacional se han presentado posibles actividades relacionadas con el Plan Reglamento como: no recibir solicitudes de nuevas salidas provenientes de las URI y estaciones de policía, y no permitir que se realicen remisiones a diligencias judiciales o médicas, de acuerdo con la disponibilidad de funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia.
El Ministerio Público como garante del cumplimiento de los derechos de las personas privadas de la libertad ordenó a los procuradores regionales de los departamentos donde se identifica, al parecer, afectación del “Plan Reglamento”, la presentación de un informe de cada visita a los establecimientos de reclusión, estaciones de policía y a las URI, que deberá ser remitido a la Delegada Preventiva en Materia de Derechos Humanos.
De igual manera, la Procuraduría Delegada en mención consolidará los informes remitidos por las regionales y convocará a una mesa de trabajo que se llevará a cabo el próximo viernes 7 de abril, en la cual estarán presentes el INPEC, los sindicatos y el Ministerio de Justicia, donde se darán a conocer las afectaciones encontradas en el servicio penitenciario y carcelario.
La Procuraduría Delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente acompañará las jornadas de diálogo entre los sindicatos y las directivas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario.
