La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al concejal del municipio de Ataco (Tolima) para el periodo 2016-2019, Albeiro Antonio Lugo, por actuar como tal estando inhabilitado.
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Dentro del año anterior a su elección, el cabildante gestionó negocios con el Hospital Nuestra Señora de Lourdes, consistentes en el suministro de refrigerios entre los meses de febrero a julio del año 2015, es decir que para la época de su elección como concejal no había transcurrido un año desde la fecha de la última entrega.
La Procuraduría Provincial de Chaparral demostró que el disciplinado dirigió su comportamiento a obtener un resultado lucrativo y, quebrantó sin justificación, los mandatos legales que debió ejercer con transparencia, moralidad y probidad.
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Para el ente de control el funcionario vulneró la norma que establece que no podrá ser inscrito como candidato ni elegido concejal municipal, quien dentro del año anterior a su elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital en interés propio o de terceros. (Artículo 43 numeral 3º de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000).
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El órgano de control calificó su falta como gravísima cometida a título de culpa gravísima al considerar que quien pretende acceder a este tipo de nombramientos, debe conocer como mínimo las condiciones y requisitos que implica el cargo.
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