El Ministerio del trabajo seccional Tolima dirigida por Elio Fabio Rodríguez, indicó que de llegar a ser cierto que el 90% de los trabajadores despedidos del Hospital Federico lleras son funcionarios oficiales, esto generaría una acción jurídica en contra del centro asistencial, ya que estas pregonas no podían ser despididas, por el contrario debieron permanecer en sus cargos y podrían verse reintegrados en sus puesto si así lo exigen por vía legal.El Director Regional de la Oficina del Trabajo Tolima, Elio Fabio Rodríguez, manifestó que una vez cumplida la visita de inspección al caso de despido masivo de trabajadores que se presentó el pasado 14 de enero en el hospital Federico Lleras Acosta, afirmó que en tres meses se estará entregando una decisión inicial en este proceso una vez se surta todo el proceso de ley.
Rodríguez aseguró que en la reunión que contó con presencia de la Gerente Interventora del centro asistencial, representantes de los sindicatos que están representados en la planta laboral del hospital, representantes de la Procuraduría General de la Nación entre otros, se escucharon varias de la motivaciones, por medio de las cuales se va a solicitar se declare la nulidad del proceso de convocatoria, cuyo proceso de selección, motivo el despido aparentemente irregular de cerca de 90 empleados del Federico Lleras, de los cuales su gran mayoría eran empleados oficiales.
Fue precisamente esta versión la que despertó la preocupación por parte del representante del Ministerio del Trabajo, la razón que de llegar a ser cierto que parte de los funcionarios declarados insubsistentes en sus cargos, llegan a ser empelados oficiales, esto podría motivar que por medio de vías legales, sean reintegrados en su cargos, previa indemnización reconociendo los salarios que se dejaron de percibir desde el momento en que fueron desvinculados.Ante esta situación, el representante del ente ministerial, llamó la atención de las directivas del centro asistencial, invitándolos a que verifiquen si por vía legal, se pueden sustentar la salida de los funcionarios en mención o si por el contrario, podrían verse inmersos en situaciones jurídicas y fiscales aún más complejas que las que afronta actualmente.
Rodríguez afirma que si esta versión es real, la Comisión Nacional de Servicio Civil podría verse inmersa en una presunta irregularidad al realizar este proceso de convocatoria, al no tener en cuenta esta situación, que generaría un revés en la selección dentro de la convocatoria que se venía adelantando desde hacía ya varios años.
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