Pacientes Colombia respalda advertencias de la Contraloría sobre crisis en EPS intervenidas
Paciente con adenocarcinoma metastásico espera traslado desde 2024 sin recibir tratamiento especializado requerido
El sistema de salud tolimense enfrenta una nueva controversia que pone en evidencia las deficiencias estructurales que pueden convertirse en situaciones de vida o muerte para los pacientes más vulnerables. Una familia ibaguereña decidió hacer pública su denuncia contra la EPS Pijao Salud por presunta negligencia administrativa en el manejo de un caso oncológico que requiere atención especializada urgente, evidenciando las barreras burocráticas que pueden determinar el destino de quienes enfrentan enfermedades críticas.
Una batalla contra el tiempo y la burocracia institucional
Desde 2024, una paciente oncológica y su familia han navegado por los complejos procedimientos administrativos del sistema de salud, esperando el traslado desde la clínica Avidanti hacia la clínica de alta tecnología Clinaltet en Ibagué. Este traslado representa mucho más que un cambio de ubicación: significa el acceso a especialidades médicas críticas como cirugía oncológica, oncología y urología, servicios que resultan fundamentales para el tratamiento integral que requiere la paciente.
La urgencia médica se intensifica considerando que la paciente fue diagnosticada con adenocarcinoma metastásico de posible origen tracto gastrointestinal alto, una condición que demanda intervención especializada inmediata. La complejidad del diagnóstico subraya la necesidad de contar con equipos médicos especializados y tecnología avanzada para brindar el tratamiento más adecuado.
Resultados médicos evidencian la urgencia del caso clínico
La última endoscopia realizada a la paciente reveló una urgencia de tipo gástrica que agrava significativamente su situación clínica. Este hallazgo médico refuerza la necesidad imperiosa de acceder a los servicios especializados que únicamente pueden proporcionarse en centros de alta complejidad como Clinaltet, donde convergen las especialidades médicas requeridas para este tipo de patologías.
La familia ha permanecido días esperando en las instalaciones de Avidanti, mientras la paciente no recibe ningún tratamiento específico para su condición oncológica. Esta situación genera no solo deterioro en la calidad de vida de la enferma, sino también angustia e incertidumbre en sus familiares, quienes observan cómo el tiempo transcurre sin que se materialicen las intervenciones médicas necesarias.
Gestiones institucionales sin respuestas efectivas hasta el momento
Los familiares de la paciente han agotado múltiples instancias administrativas en busca de una solución expedita. El caso fue expuesto ante las secretarías de salud municipal y departamental, buscando que estas entidades intervinieran para agilizar los procedimientos que permitan el traslado requerido. Sin embargo, estas gestiones no han generado las respuestas esperadas ni los tiempos de atención que demanda la urgencia médica.
La escalación del caso hacia la Superintendencia Nacional de Salud representa el último recurso administrativo al que ha acudido la familia, evidenciando el recorrido institucional completo que han realizado sin obtener resultados satisfactorios. Esta situación ilustra las deficiencias del sistema de supervisión y control que debería garantizar la atención oportuna en casos críticos.
Vulneración de derechos fundamentales en el centro del conflicto
La denuncia pública trasciende el caso individual para convertirse en una reflexión sobre las garantías constitucionales que el Estado debe proporcionar a sus ciudadanos. Los familiares consideran que se están vulnerando tanto el derecho a la salud como el derecho fundamental a la vida, pilares constitucionales que no pueden estar sujetos a dilaciones administrativas cuando se trata de situaciones críticas.
El llamado público realizado por la familia busca generar presión social e institucional que obligue a las entidades responsables a priorizar la atención del caso. Esta estrategia de visibilización pública refleja la desesperación de quienes sienten que han agotado los canales institucionales tradicionales sin obtener respuestas satisfactorias.
La responsabilidad institucional de EPS Pijao Salud en entredicho
La EPS Pijao Salud enfrenta señalamientos directos por presunta negligencia administrativa en el manejo de este caso oncológico. La entidad tiene la responsabilidad legal y ética de garantizar que sus afiliados accedan oportunamente a los servicios de salud requeridos, especialmente cuando se trata de patologías que comprometen la vida de los pacientes.
La demora en autorizar y ejecutar el traslado hacia el centro de alta complejidad genera interrogantes sobre los procedimientos internos de la EPS y su capacidad para responder eficientemente a situaciones que requieren atención prioritaria. Esta situación puede configurar no solo negligencia administrativa, sino también responsabilidades de mayor alcance si la salud de la paciente se deteriora por la falta de atención oportuna.
Esperanza en la presión social como catalizador de soluciones
La decisión de hacer pública esta denuncia representa la esperanza de que la visibilización del caso genere la presión necesaria para obtener una respuesta inmediata por parte de las autoridades competentes. Los familiares confían en que la opinión pública y los medios de comunicación puedan influir positivamente en la agilización de los procedimientos administrativos que mantienen en vilo la salud de su ser querido.
Este caso evidencia la urgente necesidad de reformas estructurales en el sistema de salud que garanticen que situaciones críticas como esta no dependan de la presión mediática o social para recibir atención oportuna. Los derechos fundamentales no pueden estar condicionados a la capacidad de visibilización pública de quienes los requieren con urgencia.
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Alerta Tolima
