Procuraduría General de la Nación.
5 Ago 2025
07:37 AM
Procuraduría abrió indagación previa por presuntas deficiencias de contrato para salones comunales en Ibagué
Al parecer dicho contrato, habría presentado inconsistencias que podrían comprometer la adecuada gestión de los recursos públicos
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una indagación previa contra funcionarios por determinar de la Alcaldía de Ibagué, en relación con presuntas irregularidades detectadas en la fase de planeación de un contrato de obra pública destinado a la construcción y mejoramiento de salones comunales en la ciudad.
El contrato, suscrito por un valor total de $2.157.713.967, ha generado preocupación en el ente de control debido a aparentes inconsistencias en su estructuración técnica, presupuestal y operativa, las cuales podrían comprometer la adecuada administración de los recursos públicos destinados a este proyecto social.
Según lo revelado por el informe técnico que dio origen a la actuación disciplinaria, se detectaron deficiencias significativas en la justificación de los valores incluidos en el presupuesto contractual. Uno de los puntos más sensibles del análisis se centró en el rubro correspondiente a Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), al cual se asignó un porcentaje del 25,19 % del total del contrato. Sin embargo, este porcentaje, considerado elevado por algunos estándares técnicos, no estaba respaldado con un desglose claro que detallara el destino específico de esos recursos ni los conceptos a los que serían aplicados.
La falta de esta información presupuestal básica representa un posible incumplimiento de los principios de planeación, transparencia y eficiencia que deben regir la contratación pública. Para la Procuraduría, esta omisión pone en entredicho la idoneidad del proceso y la posibilidad de ejercer control sobre la destinación real de los fondos.
A estas observaciones se suma un segundo hallazgo que refuerza las sospechas del organismo de control: una aparente demora injustificada en el inicio del contrato. De acuerdo con lo documentado por el Provincial de Instrucción de Ibagué, si bien el contrato fue legalizado el 5 de enero de 2024, la firma del acta de inicio no se produjo sino hasta el 17 de julio de 2024, es decir, más de seis meses después. Cabe destacar que el contrato tiene un plazo de ejecución de 150 días calendario, por lo que este retraso podría afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto en los tiempos establecidos.
La Procuraduría investiga si esta dilación se debió a una falta de planificación adecuada y de permisos esenciales al momento de la firma del contrato, como el de aprovechamiento forestal y la viabilidad ambiental, requeridos para ejecutar la tala de árboles incluida dentro del alcance de las obras. La ausencia de estos permisos al inicio del contrato podría evidenciar una improvisación en la estructuración del proyecto, lo que podría derivar en una ineficiencia en la gestión contractual y en una posible responsabilidad disciplinaria para los funcionarios involucrados.
El proyecto de mejoramiento de salones comunales, financiado con recursos públicos, había sido presentado por la administración municipal como una iniciativa clave para fortalecer la infraestructura social de barrios y comunas en la capital tolimense. Sin embargo, esta indagación genera nuevas dudas sobre la transparencia y eficacia de su ejecución.
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Fuente
alerta tolima
