Alcaldesa fija posición y advierte que los bomberos responderían por cualquier falla si hay cese
La tensión entre la Alcaldía de Suárez y el Cuerpo de Bomberos voluntarios escaló esta semana luego de que los socorristas presentaran una denuncia ante la Procuraduría. Según manifestaron, existe un supuesto incumplimiento en los giros que el municipio debe realizar cada año para el sostenimiento de la institución. Pero la alcaldesa Consuelo Avilés salió a responder con una contundencia que dejó clara la postura del gobierno local: “toda la responsabilidad va a recaer sobre ellos” si deciden suspender su labor.
La mandataria aseguró que la administración ha cumplido con cada uno de los pagos y que el cronograma establecido por ley no puede ser interpretado como un retraso o un incumplimiento. “No es un capricho, no es un antojo de la administración. La ley y el acuerdo municipal fijan que el último pago se realiza al finalizar el año lectivo, el 31 de diciembre. Y así se ha hecho siempre”, insistió.
De acuerdo con Avilés, el municipio ya realizó el pago del 50 % correspondiente al primer semestre, el 25 % del giro de septiembre y está listo para hacer el pago final en la fecha que estipula la norma. Este último punto, según dijo, es el que generó molestias en los bomberos, quienes consideran que el desembolso debería adelantarse. Pero para la alcaldesa, esa pretensión “no tiene sustento jurídico alguno”.
La situación tomó otro rumbo cuando la funcionaria respondió a la pregunta sobre un eventual paro del Cuerpo de Bomberos. Allí fue directa y sin rodeos: “ellos tienen un servicio voluntario que no pueden suspender por un tema administrativo. Si se van a paro y ocurre una emergencia, la responsabilidad será completamente de ellos”. Esta frase marcó el tono del mensaje institucional: firme, legalista y sin intención de retroceder ante presiones externas.
Avilés explicó que la labor de los bomberos voluntarios está reglamentada y no puede quedar supeditada a desacuerdos económicos. “La comunidad no puede quedar expuesta a que, por un trámite o una diferencia, el servicio esencial de atención de emergencias quede suspendido. Eso es inadmisible”, dijo. La alcaldesa señaló que la denuncia ante la Procuraduría será respondida con todos los argumentos legales necesarios y que el municipio “no tiene absolutamente nada que ocultar”.
Más allá de la disputa administrativa, lo que inquieta a la ciudadanía es el riesgo de quedar sin atención en caso de un incendio, accidente o hecho natural que requiera el apoyo de los socorristas. Frente a esto, Avilés reiteró que cualquier intento de detener el servicio “sería una falta grave de los voluntarios”, pues su acuerdo de funcionamiento establece que el soporte operativo debe garantizarse sin interrupciones, independientemente de desacuerdos presupuestales.
En este contexto, la alcaldesa insistió en que la administración reconoce y valora la labor que realizan los bomberos, pero advirtió que “la ley es clara y los procedimientos no se van a cambiar por presión”. Recordó que el municipio siempre ha honrado los compromisos económicos y que las fechas de pago no son flexibles porque responden a un marco normativo que no puede modificarse unilateralmente.
El pulso entre ambas partes ahora avanza por dos vías: la jurídica, en la Procuraduría, donde la Alcaldía presentará los descargos; y la operativa, donde el municipio espera que no se materialice ningún tipo de cese que ponga en riesgo a la población. Por lo pronto, lo único seguro es que el mensaje de Avilés fue tan claro como categórico: si los bomberos paralizan actividades, deberán asumir las consecuencias de cualquier emergencia que ocurra en Suárez.
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