23 Sep 2020
08:13 PM
Corte Constitucional tumba decreto sobre inversión y enajenación estatal en medio de la pandemia
Según expertos, una de las implicaciones es que dificultará aun mas el millonario crédito a la compañía Avianca
La Corte Constitucional tumbó el decreto 811 de 2020 por el cual se establecían medidas relacionadas con la inversión y la enajenación de la participación accionaria del Estado, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la pandemia del coronavirus.
Según expertos como el economista Juan Camilo Restrepo, uno de los efectos de la decisión es que se dificultará aún más el millonario préstamo que el Gobierno tiene destinado a la empresa Avianca.
La noticia de que la Corte Constitucional acaba de decretar inexequible el decreto 811 ,dictado al amparo de la emergencia decretada para amortiguar la pandemia, dificulta aún más el crédito a Avianca ( que bien enredado estaba), y la privatización de activos públicos
— Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) September 24, 2020
El decreto le permitía al Estado ‘rescatar’ o apoyar a empresas en crisis que se hayan visto afectadas por la pandemia del coronavirus, es decir, comprar acciones de cualquier empresa en riesgo y luego enajenarlas.
“Este Decreto Legislativo establece el régimen especial aplicable a la inversión y la enajenación de los instrumentos de capital en empresas que adquiera o reciba la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de mitigar los efectos económicos adversos que dieron lugar a la declaratoria de Emergencia”, decía uno de los artículos del decreto.
Ese decreto también establecía que cuando se llevara a cabo una enajenación total o parcial de la propiedad privada, pública o mixta que preste un servicio de interés público, se tomarían medidas para garantizar la continuidad de su servicio.
La decisión de la Corte se dio con una votación de cinco magistrados a favor de tumbar el decreto contra cuatro magistrados.
Desde la Corte informaron que el fundamento de dicha decisión consistió en que “el control automático de constitucionalidad no superó los juicios de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción específica”.
Fuente
Sistema Integrado de Información
