El alcalde de Ibagué,
Guillermo Alfonso Jaramillo, se mostró en desacuerdo con la más reciente decisión de la Corte Constitucional que dejó sin efecto la norma que obligaba a los entes territoriales a adelantar
consultas populares, para que las comunidades decidan aprobar o rechazar proyectos mineros.Según el mandatario, el 52% del municipio se encuentra concesionado o en estudio de licencias para
compañías mineras, lo que genera mayores posibilidades de que se ejecuten proyectos de aprovechamiento de recursos naturales.
“En este momento tenemos 42 mil hectáreas concesionadas a las mineras y 35 mil en proceso de reconocimiento, que
ocuparían el 52% de nuestro territorio", dijo el mandatario."Eso implicaría que cualquier minera podría venir a
hacer una explotación sin autorización del municipio, porque pasarían por encima de nosotros cuando dicen que no puede haber consulta", agregó.
Jaramillo propuso que la Corte Constitucional
reglamente el uso de mecanismos de participación ciudadana, sin restarle facultades a la población para decidir sobre la vocación de su territorio.“Me parece que aquí están equivocados, tienen que definir claramente porque
una cosa es la consulta y otra cosa son los derechos constitucionales que tenemos nosotros sobre el territorio y el suelo. No pueden aparecer de ninguna manera ocupando o iniciando un proceso de minería acá”, agregó.
La preocupación de la administración municipal también radica en la posibilidad de que se reactiven los
trabajos de exploración o explotación de minerales en Cajamarca, localidad que a través de una consulta popular prohibió este tipo de actividades.“Que aparezcan empresas mineras que no queremos, contaminando, haciendo mega-minería a cielo abierto con cianuro y
lo que están buscando es reactivar la mina La Colosa, que al reactivarla nos afectaría a nosotros porque somos tributarios del río Coello, nos lesiona cualquier situación que se haga en Cajamarca”, puntualizó.
El mandatario advirtió que el municipio buscaría los mecanismos legales correspondientes para
rechazar el desarrollo de proyectos de este tipo.Fuente: Sistema Integrado de Información / Por: Germán Acosta Ramos