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Cortesía de Policía del Tolima
4 Dic 2018 06:30 AM

Avanzan operativos en Contra de la explotación Ilegal de Flora

Alerta
Tolima
@AlertaTolima

En el departamento del Tolima, la Policía ambiental, en conjunto con el grupo de Carabineros, guías caninos y Cortolima, avanzan en los controles para evitar y prevenir el comercio y explotación de flora silvestre.

De esta forma se logró incautar en el barrio Santa Lucia, en Chaparral, 40 bloques de madera de guarango y caracolí, la madera se encontraba en poder de un hombre de 34 años. Al mismo tiempo, en el barrio Libertador, del mismo Municipio, le fueron decomisados 2 metros cúbicos de madera de las mismas especies anteriormente mencionadas, esta vez a una mujer de 51 años. En ambos caso los propietarios de estos bienes no presentaron la respectiva documentación donde se les acredite la procedencia y permisos de comercialización.

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Por otro lado en el municipio de Anzoátegui,  Vereda La Esmeralda, con intervención de guías caninos de la Policía del Tolima y los carabineros, se logró dar con un  hombre de 42 años que poseía 8,5 metros cúbicos de madera de Eucalipto,  el cual tampoco contaba con los documentos que acreditaran la procedencia de la misma.


Cortesía de Policía del Tolima

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Por último, en el norteño municipio de Mariquita, la policía ambiental intervino en la calle 9 #2-38, lugar donde se encontró 8 metros cúbicos de madera de Teca que se estaba bajo propiedad de una mujer de 38 años quien tampoco presento la documentación pertinente para poder tener dicho recurso.

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En los cuatro casos la madera decomisada por las autoridades fue llevada ante Cortolima, quien la recibió bajo acta de control de tráfico ilegal de flora y fauna.

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Respecto a las medidas penales que se podrían tomar contra los individuos,  a quienes se les encontró en su poder la madera de procedencia ilegal, podrían enfrentar penas que van desde los 48 hasta 108 meses de prisión y una multa de hasta 35 mil salarios mínimos legales vigentes, si la especie explotada resulta ser endémica o estar en vía de extinción la pena podría aumentar entre una tercera parte y la mitad de la condena emitida por el ente judicial.