
“Cuando no hay libertad de votar, no se puede hacer un proceso transparente”, CNE
El Consejo Nacional Electoral advirtió sobre la necesidad de garantizar seguridad electoral a candidatos y votantes durante las elecciones, priorizando aquellos departamentos donde haya un mayor riesgo por la presencia de grupos armados ilegales o delincuencia común.
Desde la presidencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), lanzaron una advertencia contundente sobre la necesidad que el Gobierno Nacional garantice la seguridad en todo el país para que las próximas elecciones se desarrollen en condiciones de libertad y democracia.
Según Álvaro Hernán Prada, presidente del CNE “esta responsabilidad recae directamente sobre el Ejecutivo, a través de instituciones como el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el Ejército, que deben actuar de manera coordinada para preservar el orden público y evitar cualquier tipo de presión o coacción sobre la ciudadanía y los candidatos”.
Durante su intervención, Prada fue enfático en señalar que sin condiciones reales de seguridad no es posible hablar de elecciones libres, subrayando además que es deber del Estado neutralizar cualquier intento de interferencia por parte de actores ilegales que busquen afectar el proceso democrático.
El caso del Huila genera especial preocupación para las autoridades electorales. En esta región del sur del país, históricamente golpeada por el conflicto armado, el panorama se ha tornado aún más complejo en los últimos años debido al resurgimiento de estructuras ilegales que operan en zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.
“Tienen que recuperar el orden público en todo el territorio nacional, las garantías deben ser para que los candidatos puedan ejercer su campaña, puedan movilizarse, y la ciudadanía ejerza el voto. Cuando no hay libertad de votar, no se puede hacer un proceso transparente”, agregó Prada.
Según información entregada por el propio CNE, hay territorios donde estos grupos han incrementado su presencia y poder, ejerciendo control social, económico y político, al punto de interferir directamente en los procesos electorales.
“En el Huila hay riesgo, hay riesgo en todas las regiones de Colombia, venimos observando comportamiento del 2013 a hoy, donde algunos territorios se prestan como corredores del narcotráfico o minería ilegal. En el Huila, haya una competencia entre grupos criminales por el control territorial, y en esa competencia se meten en la democracia, por eso le hemos advertido al gobierno, para que no ayuden”, puntualizó el Prada.
El departamento se ha convertido en un corredor clave para el tráfico de drogas debido a su ubicación geográfica y a la existencia de rutas que conectan con el sur del país. A esto se suma la explotación ilegal de oro y otros minerales, actividades que financian a las organizaciones armadas y les permiten consolidar su poder territorial. En medio de este escenario, los pobladores de varias zonas rurales denuncian amenazas.
“El Huila es solo un ejemplo de lo que ocurre en otras regiones del país. El Gobierno debe actuar con decisión y enviar un mensaje claro de que no se permitirá ninguna forma de sabotaje electoral”, manifestó Prada.
El llamado no es solo al Gobierno, sino también a las autoridades locales, las organizaciones sociales, los observadores electorales y la comunidad internacional, para que vigilen de cerca lo que ocurre en zonas de alto riesgo y denuncien cualquier irregularidad. El Consejo Nacional Electoral reiteró su compromiso con la defensa de la democracia, pero insistió en que solo con la recuperación del orden público se podrá garantizar el derecho fundamental a elegir y ser elegido.
“Hay que poner ya un bloqueo a cualquier situación similar a lo del senador Miguel Uribe, con candidatos al congreso, o con candidatos que tenemos con elecciones atípicas como este año tenemos”, finalizó Prada.
De esta manera, el panorama electoral en Colombia enfrenta serios desafíos, y el caso del Huila es una muestra de las amenazas que aún persisten en muchas regiones. La seguridad electoral no puede ser una promesa vacía, debe ser una prioridad real que se traduzca en acciones concretas para que ningún ciudadano sea silenciado por la violencia ni por el miedo.