Queda claro que Juan Manuel Santos, pasará a la historia, no tanto por ser el presidente galardonado con un Nobel de Paz sin haberla logrado, sino también, por haber llegado a la primer magistratura del país a través de la vía de la corrupción.
Se suma entonces a las históricas declaraciones de “fue a mis espaldas” del escándalo de los narcocasetes y el proceso ocho mil de Ernesto Samper, el “me acabo de enterar” del actual mandatario de los Colombianos, quien logró convencer a más de nueve millones de ciudadanos en el 2010 para hacerse presidente, con ayudas “irregulares” como lo bautizó Roberto Prieto con sus declaraciones la semana pasada en la emisora BLU RADIO.
Prieto, quien fungió como gerente de campaña de Juan Manuel Santos Presidente en 2010 y 2014, muestra clara y descaradamente, la violación por parte del entonces candidato, a las normas constitucionales, leyes electorales y el mismo código penal, teniendo consecuencias que podrían llegar a contemplarse en la perdida de la investidura o incluso penas privativas en establecimiento carcelario.
El escandalo del 2010 que tiene a la cuestionada multinacional Brasileña Odebrecht y al presidente de los colombianos como protagonistas, es apenas el inicio de una relación de corrupción casi que indisoluble, hasta el momento, que logró mantenerse durante los dos mandatos del gobierno Santos; allí se ingresaron más de cuatrocientos mil dólares para el financiamiento de dos millones de afiches del entonces candidato a la presidencia, dinero que nunca se registró en los informes entregados al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, y que sumado con los que sí aparecen en los reportes, viola de facto los topes máximos permitidos para la época de la campaña; y es que el artículo 109 de la constitución política es claro al advertir que las campañas políticas que violen los topes establecidos para el manejo de sus recursos, pueden llegar a ser sancionadas con la perdida de investidura o el cargo al cual se lograron hacerse.
Sin duda alguna, a mi juicio, Juan Manuel Santos debería renunciar; su imagen no puede estar peor, antes del escándalo de Odebrecht alcanzó cifras de desaprobación cercanas al 80% e imagen desfavorable del 73% según varias firmas encuestadoras nacionales, muy probablemente estas mismas, corran aún más allá sus fronteras en términos de porcentajes después de haberse empezado a desmantelar el tramado corrupto que se empezó con la primer campaña a la presidencia entre Santos y Odebrecht.
La fiscalía tiene ahora el deber de reivindicarse con los Colombianos y no permitir la impunidad que si se permitió en 1994 con el proceso ocho mil, la dirigencia política nacional tiene, de igual manera, el deber de exigir responsabilidad política al primer mandatario, y de ser necesario, que el congreso actúe como el parlamento sur coreano, que por menos adelantó un proceso de indignidad que terminó con la destitución de su presidenta Park Geun Hye; o para no ir tan lejos, como el parlamento en Brasil que por temas también de corrupción, frenó el mandato de Dilma Rousseff. Por último, hago un llamado a los ciudadanos, que repudian cada vez más la corrupción, a no callar, a manifestar su voz de protesta, como si lo van a hacer, quienes armados de su voz, saldrán a marchar este 1 de abril en toda Colombia, para decir NO MÁS SANTOS.
