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El Tribunal de Arbitramento dentro del proceso arbitral interpuesto por el consorcio Presea Ibagué en contra del IBAL, en audiencia llevada a cabo en el día de hoy profirió el laudo arbitral a favor de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado.
En dicho laudo arbitral negó las pretensiones impetradas por el consorcio presea y declaro probada la excepción interpuesta por el abogado de la empresa de inexistencia de la obligación o responsabilidad del IBAL.
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Contra la decisión no procede recurso de reposición ni de apelación, solo procedería la anulación del laudo ante el Consejo de Estado si se dieran los requisitos de ley para ello.
La demandante buscaba el reconocimiento y pago a su favor de unas sumas de dinero aproximada de 3mil 500 millones, como consecuencia de la ejecución del Contrato suscrito entre las partes, para la prestación de los "servicios en la modalidad de gestión por resultados para el apoyo en el desarrollo de las actividades relacionadas con los procesos de gestión comercial, elaboración catastro de usuarios, control pérdidas y gestión tecnológica del IBAL, contrato suscrito en el año 2013.
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El IBAL fue demandado por el presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales específicamente en lo que tiene que ver con el catastro de usuarios, componente variable de la remuneración sobre el diferencial positivo de ingresos del recaudo corriente frente a la línea base, suministro instalación de medidores, elaboración de facturas, descuentos en la remuneración, imputados al pago de IVA por servicios previstos en las resoluciones de costos de conexión.
Se pudo demostrar con pruebas idóneas en el curso del proceso que el consorcio Presea Ibagué no cumplió con las obligaciones contractuales pactadas en el contrato No. 081 de 2013, lo que condujo a los Árbitros fallar a favor de la empresa IBAL.
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Al consorcio Presea Ibagué fue condenado al pago de las costas procesales.
"Con esta decisión a favor de la Empresa se demuestra el compromiso que tiene el Gerente del IBAL Alberto Girón en defender los intereses económicos de la Empresa, y de esta forma le garantiza a los ciudadanos el cumplimiento de los requisitos legales que obligan a la entidad en el cumplimiento de sus funciones", la empresa en comunicado a la opinión pública.
