El Procurador Fernando Carrillo Flórez, afirmó que el asesinato de 446 líderes sociales tras la firma del Acuerdo de Paz pone en evidencia que el Estado no está listo y mucho menos preparado para defender la integridad de los poderes sociales, por lo que ante la desatención de los llamados hechos por la Defensoría del Pueblo, sumado a las alertas tempranas de la Procuraduría, anuncia se inician investigaciones disciplinarias contra gobernadores y alcaldes que omitan estas alertas.
Carrillo Flórez anunció que la Procuraduría trabajará de manera articulada con la Defensoría para conformar un cuerpo élite de seguimiento e investigación en los casos de amenazas y crímenes de líderes sociales en cada una de las regiones del país, con el propósito de determinar responsabilidades directas del estado por negligencia en este tipo de crímenes.
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En su intervención ante líderes sociales del país, integrantes del gobierno, gobernadores y alcaldes, organizaciones internacionales y organismos internacionales, entre otros, realizó un llamado a la Comisión de Garantías de Seguridad para establecer la frecuencia y calendario, para que se tomen las medidas necesarias para este tipo casos y poder prevenirlos.
Instó a los gobernadores a crear instancias permanentes de diálogo social con líderes y lideresas, y a romper el círculo de acción y convocatoria sólo cuando se está al frente de la tragedia y se reportan los asesinatos.
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De otra parte el jefe del ente de control lamentó los pocos avances en la protección colectiva, preventiva, rural, con enfoque diferencial y de género. “El Estado debe hacer el gran esfuerzo de tener los pies en los territorios y responder a las necesidades locales”.
En su pronunciamiento el funcionario señaló que el Sistema de Alertas Tempranas, debe ser tomado en cuenta por parte de las autoridades locales, por lo que se iniciarán investigaciones disciplinarias aquellos mandatarios de regiones donde se presenten crímenes en contra de líderes sociales.
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Finalmente se conoció que el Gobierno Nacional, Procuraduría General, Defensoría del Pueblo, gobernaciones, organismos internacionales, firmaron una declaración conjunta que contiene ocho compromisos dirigidos a la efectiva protección de los líderes y defensores de derechos humanos.
