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Tras el cierre de una de las oficinas de atención a los socios conductores de Uber por parte de la Secretaria de Gobierno de Bogotá, además del anuncio de "sanciones legales correspondientes", la compañía también se pronunció sobre las acusaciones de ilegalidad en el país.
"A pesar de que la legalidad de la aplicación ha sido erróneamente cuestionada, hay razones de peso que legitiman la apuesta de Uber en el país", señaló la compañía, mientras advirtió que está a la espera de que se diseñe un marco reglamentario que incluya esa categoría de movilidad.
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Desde la plataforma se indicó que su objetivo es prestar un servicio de intermediación entre cualquier persona que desee generar ganancias adicionales. "En esa intermediación, el socio conductor con vehículo privado paga por el uso de la plataforma y la utiliza libremente de acuerdo con su disponibilidad, comprometiéndose a cumplir unos mínimos de calidad exigidos y el usuario paga al socio conductor por el servicio de movilidad", explicó Uber.
Uber destacó que a pesar de que el servicio no está reglamentado aún por el Gobierno Nacional, la aplicación contribuyó al país con 34 mil millones de pesos por concepto de IVA en enero de 2019. En mayo de este año, Uber anunció que invertirá 40 millones de dólares en los próximos cinco años con la apertura de un centro de excelencia en Bogotá y proyecta crear cerca de 600 nuevos empleos para 2023.
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"Aunque en Colombia no exista una normativa que contemple el servicio de transporte privado intermediado por plataformas, el mercado de estas aplicaciones continuará creciendo y diversificándose en la medida en que la demanda exista", señaló.
