La Procuraduría General de la Nación acudirá a acciones de tutela para que los jueces de la República protejan el derecho a la educación de más de 538 mil estudiantes, y ordenen a las autoridades de 4 departamentos incluyendo el Tolima, acelerar los procesos de contratación de los operadores del Programa de Alimentación Escolar PAE.
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De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Educación Nacional, al 9 de abril, aún no se iniciaba la operación del programa en los departamentos de Tolima, Quindío y Sucre, ni en los municipios de Armenia, Cartagena, Lorica, Sahagún, Sincelejo, Pitalito, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Girardot y Yopal.
De ese universo, 14.280 niñas, niños y adolescentes se encuentran matriculados en instituciones con jornada única, lo que significa que permanecen un mayor número de horas en las aulas de clase, sin que se les garanticen condiciones alimentarias para su desempeño durante la jornada escolar.
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Ante el reiterado incumplimiento de 14 de estas entidades territoriales en la puesta en marcha del PAE, la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia dará traslado para la eventual apertura de un proceso disciplinario.
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Para el Ministerio Público, la alimentación escolar constituye una condición necesaria para permitir y garantizar el acceso material del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes, y su ausencia representa una barrera para su efectivo disfrute.
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También se ordenó la apertura de 15 indagaciones preliminares contra las administraciones de Tolima, Atlántico, Risaralda, Pereira, Amazonas, Quindío, Armenia, Cúcuta, Cauca, Popayán, Casanare y Florencia.
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Por último el Ministerio Público el pasado 7 de marzo, abrió indagación preliminar que vincula a las administraciones de 39 municipios de 11 departamentos del país, por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar.
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