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Contralor de Ibagué Ariel Augusto Medina / Foto Geovanni Prieto.
28 Nov 2018 09:56 AM

Contraloría investigará contrato de arrendamiento del centro de protección

Alerta
Tolima

El Contralor de Ibagué Ariel Augusto Medina, aseguró que mediante denuncia anónima radicada en el organismo fiscalizador del municipio, se puso en conocimiento las presuntas irregularidades presentadas en la no cancelación de los servicios públicos agua y energía, en el centro de protección bien inmueble arrendado por la Secretaría de Gobierno, instalaciones utilizadas para el traslado de las personas que violan el nuevo código de policía, frente a la alteración del orden público.

Según declaraciones del jefe del órgano fiscalizador del municipio. "Mediante el mecanismo de denuncia anónima radicada en la Contraloría, se manifiesta que en la permanente central ubicada en la Avenida Ambalá número 41-55, existe el arrendamiento de un bien inmueble mediante un contrato para el funcionamiento del centro de protección a personas según el nuevo código de policía y una inspección de policía. De acuerdo a la denuncia ya se inició el proceso respectivo en la Contraloría, un funcionario de la entidad visitó las instalaciones para percatarse que efectivamente hace 20 días están sin en el servicio de energía, solicitando hace a la Secretaría de Gobierno los respectivos contratos de arrendamiento y documentos de estudios previos, para poder establecer a quién le competen el pago estos servicios públicos en principio y verificar si existe alguna irregularidad frente al asunto".

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La denuncia puesta en conocimiento de la Contraloría, manifiesta que hace 20 días no se tiene el servicio de energía en un bien inmueble arrendado por la Secretaría de Gobierno, para el funcionamiento del centro protección a persona según el nuevo código de Policía Nacional, existiendo un presunto detrimento patrimonial porque al parecer se había contratado un bien inmueble para un objeto específico el cual no se estaría cumpliendo.

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Frente al particular, la Contraloría investigará las presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento y el presunto incumplimiento en las condiciones del bien inmueble para la prestación del servicio objeto del contrato, firmado entre el arrendatario y la Secretaría de Gobierno municipal. "Todavía no podemos hacer esas afirmaciones si él bien mueble no cumplía con las condiciones del objeto del contrato, apenas se inicia el proceso de la denuncia, que consiste requerir la documentación y estudios previos de la contratación, certificado de uso del suelo y todo lo respectivo para poder funcionar este tipo de centros, presunta responsabilidad de los funcionarios que estuvieron a cargo de la contratación y supervisión y la necesidad por la cual se toma en arriendo esté bien inmueble hace más de un año, emitiendo un informe preliminar de la investigación una vez se hayan adelantado las indagaciones respectivas", concluyó Medina.

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Voz. Ariel Augusto Medina

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