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2 Dic 2017 02:00 PM

Cayó administradora del hospital San José de Ortega por detrimento patrimonial

Alerta
Tolima

De forma voluntaria, se acercó al Búnker de la Fiscalía Marleny Oyuela, mujer que era buscada por funcionarios del CTI para hacer efectiva la orden judicial expedida en su contra por investigaciones que se venían adelantado por hechos ocurridos desde el año 2013 en el municipio de Ortega.

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Durante la audiencia realzada ante el Juzgado Segundo Penal de Garantías, la Fiscalía de delitos contra la administración pública le imputó a la detenida los delitos de falsedad ideológica en documentos públicos interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.

La investigación se adelantó por la compra de un predio ubicado en la vereda Pocara de esa municipalidad el cual estaría destinado para la construcción del nuevo centro hospitalario y que habría tenido un costo de más de 210 millones de pesos.

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Es así como al verificar la documentación, el ente acusador encontró falencias desde la etapa precontractual debido a que no habían hecho escrituras por la compra total sino que habrían suscrito derechos de cuotas de un bien inmueble, así como también se encontró que el lote estaba a nombre de María Graciela Lozada y María Emilse Amaya y solo una de ellas firmó la venta.

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De igual forma, en el proceso se cuenta con los estudios de suelo y avalúo del sitio, donde se determinó que el predio queda ubicado en zona rural, distante de los beneficiarios, no cuenta con las características necesarias para la construcción y tampoco tiene los servicios públicos, lo que eleva cualquier proyecto de infraestructura.

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Con el estudio de peritaje, se conoció por el experto que el lote estaría avaluado en 15 millones 762 mil pesos, generando un sobrecosto de 194 millones 727 mil pesos, dinero el cual al parecer se habría apropiado Oyuela junto con las demás implicadas en la investigación.

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Se está esperando cuál será la medida a imponer contra Marleny Oyola, donde la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento intramural.

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