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Cámara ardiente

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Por: Iván Ramírez Suárez / @jiramirezsuarez

Dos hechos tienen tensa la convivencia al interior de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Ibagué (CCI).

El primero, la selección del nuevo Presidente Ejecutivo, tras la sorpresiva renuncia al cargo que hiciera Luis Alfredo Huertas, antes de tomar posesión los actuales integrantes de la Junta Directiva (JD), cuyo periodo terminará en diciembre de 2022.

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El segundo, el fallecimiento de una paciente a quien se le realizaba un procedimiento quirúrgico invasivo en la IPS Promover SAS de Ibagué, de propiedad de la actual presidenta de la JD, Carmen Sofía Pardo Rodríguez. IPS que según la Secretaría de Salud Departamental, no estaba capacitada ni autorizada para ofertar servicios de esta complejidad, lo que determinó su cierre funcional.

Se revive así una puja interna por el poder en una de las entidades privadas más importantes del departamento, la que ejerce por delegación del Estado importantes funciones públicas como: el registro mercantil, registro de proponentes y de entidades sin ánimo de lucro; prestar el servicio de arbitraje mercantil y certificar la costumbre comercial, entre otras funciones que constituyen más del 95 por ciento de los ingresos de su presupuesto de funcionamiento, el que para este año está estimado en 8.737 millones de pesos.  Al que habría que sumarle los ingresos por convenios interadministrativos, consultorías, asesorías, convenios internacionales, que al decir de algunos hacen parte del verdadero pudín motivo de las controversias.

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Disputa por el poder que desde la anterior JD (2015 – 2018) enfrenta dos marcados sectores empresariales: uno con las mayorías, liderado por Andrés Sierra, y quien en la presente versión 2019 – 2022 se mantiene en la ‘suplencia’. Integrado por Alirio Rivera, César Chávez, Carlos Tafur, Carmen Sofía Pardo (Presidenta de la JD) y el delegado del presidente Iván Duque, Germán Darío Kairuz.

El minoritario, quienes actúan como una ‘bancada’ y del cual hacen parte: Tania Sierra, Jairo Arias Barragán y los representantes del presidente Duque, Dairo Castilla y Juan Pablo Sánchez. Lo paradójico, es encontrar a los hermanos Sierra ubicados en bandos contrarios, lo mismo que a los tres delegados del presidente Duque, quienes son los únicos designados y de libre nombramiento y remoción.

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Lo normal, sería que por el nivel directivo de los empresarios y la excelente imagen institucional ganada por las Cámaras de Comercio a nivel nacional, todo marchara a la perfección. Sin embargo, se cuestiona cómo desde el anterior periodo algunos integrantes de la JD y directivos de la entidad, han desconocido el Código de Ética y Buen Gobierno Corporativo que las rige (Decretos nacionales 2042 de 2014 y 1074 de 2015) para “sacar beneficios económicos personales y empresariales”.

Y más grave aún, que “hasta han tratado de hacer proselitismo político” al interior de la entidad. Así mismo, se critica por qué se dio inicio al proceso de selección del Presidente Ejecutivo, sin que haya sido socializado al interior de la Junta, y del cual solo unos pocos tienen conocimiento del mismo.

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Para mi fuente, “el concurso tiene nombre propio y está elaborado para favorecer un ex directivo que laboró con el anterior Presidente Ejecutivo”, cuyo nombre omito publicar.

Quise conocer la opinión de integrantes de cada una de las dos partes en contienda sobre estos cuestionamientos, pero los consultados no quisieron hablar del tema. Lo que sí me afirmó uno de ellos, es que lo sucedido con la actual Presidenta de la JD, Carmen Sofía Pardo Rodríguez, es tan delicado, que para él existe suficiente motivo para que ella se aparte del ejercicio de tan alta dignidad. En eso, estoy totalmente de acuerdo.

Este artículo obedece a la opinión del columnista / Reproducción autorizada por el autor

 

 

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