Abogado fue capturado para cumplir condena por inducir en error a juez de familia

El abogado David Martínez Lugo y un particular identificado como Jorge Arturo Castaño Celis, fueron detenidos por parte de integrantes del Cuerpo Técnico Investigación del CTI de la Fiscalía, a raíz de una orden de captura en contra de ellos por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado.

Según la Fiscalía Seccional Tolima, ambos capturados son investigados desde el 5 de octubre del año 2010 por haber inducido en error al titular de despacho del Juzgado Quinto de Familia de Ibagué, quien para esa fecha radicó la constancia de un edicto que nunca fue publicado.

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Dicho edicto u orden correspondió al decreto de un emplazamiento - es decir, un aviso mediante el cual se cita a una persona para que acuda a un lugar y momento determinado - en los términos del artículo 589 del Código de Procedimiento Civil, en la cual enfatiza  de manera textual que "el juez declarará abierto proceso de sucesión y ordenará el emplazamiento de todos los que se crean con derecho para intervenir en el por edicto que se fijará durante 10 días en la secretaría del juzgado y se publicará por una vez en un diario que a juicio del juez tenga amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local si la hubiere". En este caso, tras la herencia de una ciudadana al momento de su fallecimiento.

De manera que, el abogado Martínez Lugo indicó que, se había publicado dicho edicto emplazatorio en una emisora local de Ibagué y en el ‘Diario el Siglo’, el 3 de noviembre de dicho año, sin embargo, esa acción nunca sucedió. La constancia supuestamente expedida por los medios de comunicación fue un documento falsificado y posteriormente, entregado al juez, lo que conllevó a continuar con el caso por error, afectando el debido proceso.

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De esta manera, el Juzgado Sexto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, impuso al abogado David Martínez Lugo a cumplir una sentencia de 72 meses de prisión por fraude procesal y, en cuanto a Jorge Arturo Castaño una condena de 78 meses de prisión por fraude procesal y falsedad en documento privado. Dicha medida es de primera instancia y procederán los recursos de ley.