El alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, se mostró en desacuerdo con la más reciente decisión de la Corte Constitucional que dejó sin efecto la norma que obligaba a los entes territoriales a adelantar consultas populares, para que las comunidades decidan aprobar o rechazar proyectos mineros.
Según el mandatario, el 52% del municipio se encuentra concesionado o en estudio de licencias para compañías mineras, lo que genera mayores posibilidades de que se ejecuten proyectos de aprovechamiento de recursos naturales.
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“En este momento tenemos 42 mil hectáreas concesionadas a las mineras y 35 mil en proceso de reconocimiento, que ocuparían el 52% de nuestro territorio", dijo el mandatario.
"Eso implicaría que cualquier minera podría venir a hacer una explotación sin autorización del municipio, porque pasarían por encima de nosotros cuando dicen que no puede haber consulta", agregó.
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Jaramillo propuso que la Corte Constitucional reglamente el uso de mecanismos de participación ciudadana, sin restarle facultades a la población para decidir sobre la vocación de su territorio.
“Me parece que aquí están equivocados, tienen que definir claramente porque una cosa es la consulta y otra cosa son los derechos constitucionales que tenemos nosotros sobre el territorio y el suelo. No pueden aparecer de ninguna manera ocupando o iniciando un proceso de minería acá”, agregó.
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La preocupación de la administración municipal también radica en la posibilidad de que se reactiven los trabajos de exploración o explotación de minerales en Cajamarca, localidad que a través de una consulta popular prohibió este tipo de actividades.
“Que aparezcan empresas mineras que no queremos, contaminando, haciendo mega-minería a cielo abierto con cianuro y lo que están buscando es reactivar la mina La Colosa, que al reactivarla nos afectaría a nosotros porque somos tributarios del río Coello, nos lesiona cualquier situación que se haga en Cajamarca”, puntualizó.
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El mandatario advirtió que el municipio buscaría los mecanismos legales correspondientes para rechazar el desarrollo de proyectos de este tipo.
Fuente: Sistema Integrado de Información / Por: Germán Acosta Ramos
